La cadena de desencuentros entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid sobre las medidas y restricciones para contener la pandemia de coronavirus en la región tuvo este jueves un nuevo capítulo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó las medidas que restringen desde el viernes 2 de octubre la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital. El auto señala que la orden del Gobierno atenta contra los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, "por lo que no puede ser ratificada".

Este auto afecta a la orden ministerial que recogía una serie de actuaciones acordadas por el Consejo Interterritorial de Salud. De esta forma, se tumba la medida que impedía la entrada y salida de 10 municipios de la Comunidad, y se añade una polémica más a las tensiones que se han ido generando entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid -la más afectada del país- por la gestión de la pandemia.

A última hora de este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes en el que se abordará la declaración del estado de alarma en Madrid durante un mínimo de 15 días.

19 de agosto

El primer choque entre ambas administraciones por la estrategia a adoptar para controlar la incidencia de la Covid-19 se produjo a finales de agosto de 2020. El país empezaba a enfrentarse ya a una segunda ola, y el aumento de casos en la capital hizo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adoptara una serie de medidas para contener los contagios: prohibir fumar en espacios públicos si no se mantiene la distancia de seguridad, decretar el cierre del ocio nocturno y prohibir comer en el transporte público, entre otras normas que se especificaron el 19 de agosto en el BOCM.

22 de agosto

No obstante, la orden del Gobierno regional fue rechazada por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez, que se negó a ratificarla. Esto levantó la polémica por parte del gobierno de la Comunidad, que pidió que se esclareciera "cómo tiene que actuar la Comunidad de Madrid", según reclamó en su momento el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado.

28 de agosto

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las ratificaba seis días después, afirmando que es innecesaria la autorización judicial para aplicar las medidas en la región y recordaba en su resolución que "las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma pueden acordar acciones preventivas generales y adoptar las medidas y limitaciones sanitarias que consideren oportunas cuando concurren razones sanitarias de urgencia o necesidad o para controlar enfermedades transmisibles, siempre que queden justificadas y se acomoden al fin último de prevención y control de la salud individual y colectiva”.

La Comunidad de Madrid mostraba posteriormente su satisfacción por la aprobación de las limitaciones, que entraron en vigor ese mismo día, pues la orden concluía que eran "de aplicación inmediata".

21 y 28 de septiembre

A finales de septiembre la Comunidad de Madrid todavía no había conseguido estabilizar la cifra de contagios diarios, que incrementaba día a día. Por ello, decidieron cambiar de estrategia y aplicaron el 21 y 28 de septiembre, restricciones concretas a un total de 45 zonas sanitarias. 

La medida levantó la polémica y suscitó varias protestas por parte de los ciudadanos que viven en las zonas sanitarias afectadas por las restricciones que, entre otras, prohibían la salida y entrada de las áreas indicadas (la mayoría de la zona sur de la Comunidad).

26 de septiembre

El ministro de Sanidad, Salvador Illa insiste en endurecer las medidas de la Comunidad y ampliar el confinamiento, y el portavoz del Grupo Covid-19 (creado tras la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y Ayuso el 21 de septiembre para coordinar las medidas), Emilio Bouza, presenta su dimisión apenas dos días después de ser designado, por las discrepancias entre ambos Gobiernos.

1 de octubre

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se hacía efectiva la aplicación de nuevas restricciones en Madrid y ciudades de más de 100.000 habitantes con un impacto concreto de coronavirus (tasa de incidencia, de positividad y ocupación en UCIs).

Unas medidas que provocaron el desacuerdo del gobierno regional, que mostró su disconformidad y "preocupación", ante lo que consideraban un incentivo a la movilidad de las 3,5 millones personas de la capital y los otros 9 municipios que se vieron afectados por las nuevas restricciones. Además, acusaron al Gobierno de atenerse a "aspiraciones políticas" y no a "razones sanitarias", y anunciaron la intención de recurrir la orden del Ministerio de Sanidad.

6 de octubre

Vox presentó en la Audiencia Nacional un segundo recurso (también lo presentó ante el TSJM) contra las medidas del Ministerio en el que pidió que las anulara de forma cautelarísima y aseguró que las restricciones impuestas por Sanidad son "objeto de crítica científica por su incoherencia e inefectividad". Las medidas eran rechazadas, tanto por el TSJM como por la Audiencia Nacional.

8 de octubre

El último hito en la sucesión de desencuentros entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno se producía este jueves, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbaba la orden de Sanidad, al entender que afectan a los derechos y libertades fundamentales. 

Ello supone que ya no se sancionarán las salidas y entradas en los distintos municipios en los que se habían aplicado las medidas, pero sí que se mantendrán las restricciones a los comercios, hostelería y aforos. 

La decisión del TSJM volvió a desatar la polémica entre ambas administraciones, y Salvador Illa aseguró que adoptará "las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud", tras analizar el asunto con la Comunidad.

El Gobierno regional tenía previsto analizar las nuevas medidas que se aplican tras el rechazo del TSJM, mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pedía a los ciudadanos que "limiten todos aquellos desplazamientos que no sean estrictamente necesarios", y a Pedro Sánchez "que no vuelva a actuar por la vía de la imposición".

Horas después, este mismo jueves por la noche, el presidente del Gobierno convocó para este viernes por la mañana un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en Madrid, y dio de plazo hasta entonces a Díaz Ayuso para que decida sobre las posibilidades legales (con tres opciones) que tiene para mantener las restricciones en la Comunidad y decidir sobre el estado de alarma en las zonas más afectadas por la pandemia.